La postura argentina frente al terrorismo
Por Agustín C. Dragonetti (Director de CIIST-América y editor de “Guerra contra el Terrorismo”)

Hay actos que definen la esencia de los gobiernos. El caso de Argentina no es la excepción. Sabemos que muchos de los integrantes del actual gobierno (que no es otra cosa que la continuidad del anterior, tanto en lo económico, como en lo ideológico) han sido notables terroristas en las organizaciones guerrilleras que asolaron el país durante las décadas del 60 y 70 (Montoneros, ERP, FAP, FAR, etc.). De hecho el mismísimo canciller argentino, Jorge Taiana, estuvo involucrado en el asesinato de dos personas, el 4 de julio de 1975, al colocar una bomba en el Bar Ibérico, en pleno centro porteño, junto con su esposa, Graciela Iturrazpe (cuyo “nombre de guerra” era “Inés”).

Ahora bien, desde el apoyo incondicional a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que debería ser considerada, sino terrorista, como mínimo instigadora de violencia política, hasta la aceptación de terroristas reconocidos en territorio argentino, el gobierno demuestra a las claras cual es su postura frente al flagelo del terrorismo internacional.

¿Lesa humanidad o simple delincuencia común?

En 1949, la Convención de Ginebra (que norma el derecho internacional humanitario) declaró que los crímenes terroristas contra civiles inocentes son delito de lesa humanidad. Esta articulación forma parte del derecho penal argentino desde 1956.
El viernes 21 de diciembre de 2007, la Cámara Federal porteña ratificó que los hechos cometidos por la organización terrorista Montoneros no serán investigados judicialmente y por lo tanto se encuentran prescriptos.

El delirante fallo de la Sala I de la Cámara, sostuvo que: "Es equivocado sostener que los delitos atribuidos a la organización constituyan crímenes contra la humanidad. Sin duda, el error radica en confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política --violenta o no-- con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada".

Los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah examinaron la apelación que se había presentado para reabrir la investigación sobre el atentado cometido por Montoneros el 2 de julio de 1976, cuando una bomba con 9 kilogramos de trotyl detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, matando a 24 personas.

Hugo Biazzo, uno de los 60 lesionados en ese ataque, exigió a través del abogado y ex juez Norberto Giletta que se reabra la causa y se castigue a los dirigentes de Montoneros "frente a la aplicación de advenediza doctrina, por entender que aquel episodio fue un hecho militar de 1976".

Al estudiar el planteo de Giletta, tanto el fiscal Jorge Álvarez Berlanda como la jueza federal María Servini de Cubría objetaron la demanda para investigar al jefe de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich y a los integrantes de la organización Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza.

Sin embargo, Giletta apeló ante la Cámara Federal y los jueces de la Sala I volvieron a cerrar el caso: "La naturaleza aberrante del suceso y el inconmensurable daño ocasionado, no ignorado por el Tribunal, no bastan por si para superar los diques estrictos, que establecen que el caso se encuentra prescripto".

"El ataque al cuartel de policía no fue un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional ni tampoco un crimen de lesa humanidad", establecieron los jueces en el fallo.
Según se subrayó, "los crímenes contra la humanidad son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político".

Repasemos un poco la historia contemporánea argentina: la organización terrorista Montoneros fue tolerada -y aun amparada- por el general Juan Domingo Perón, a quienes llamaba “los muchachos”, en el marco de la lucha por el regreso del líder de su exilio forzado en Madrid. Con la llegada del peronismo al poder en 1973, directamente se los apoyó desde la Casa Rosada y hasta tuvieron diputados (en lo que se conoció como la llamada “Tendencia”, estructuras políticas afines con Montoneros), como fue el caso de la actual ministra de Defensa, Nilda Garré, o el actual diputado nacional Carlos Kunkel. Ahora bien, ¿no es eso “una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político”, como sostiene el fallo de Sala I? ¿Acaso volar por los aires una unidad policial, asesinado a su personal, no es un delito de lesa humanidad? ¿Y los otros hechos protagonizados por las organizaciones terroristas argentinas no serán nunca investigados? ¿Existe un “terrorismo bueno”?.

Digámoslo directamente: el gobierno argentino avala la violencia terrorista setentista. Lo dijo claramente el ex presidente Néstor Kirchner: “somos los hijos de las Madres de Plaza de Mayo”, de la que su titular, Hebe Pastor de Bonafini, se ha vinculado con casi todos los grupos guerrilleros latinoamericanos y europeos, y se alegró públicamente de los ataques de al-Qaeda contra Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001.

Derechos olvidados

Pero existe otro derecho amparado por la Constitución Nacional: el de igualdad ante la Ley. Mientras que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad han sido -y lo siguen siendo- juzgados por hechos acaecidos en el marco de la represión a las organizaciones terroristas, los ex integrantes de las agrupaciones guerrilleras han sorteado la mano de la Justicia. Es más, los miembros de estas bandas han sido beneficiados con resarcimientos económicos y leyes de amnistía negadas a los militares y policías que los combatieron. Cabe agregar un dato no menor: el decreto para el aniquilamiento de la subversión, no vino del régimen militar que gobernó de facto el país de 1976 a 1983, sino de un gobierno democrático de signo ideológico igual al actual.
Mientras que por un lado asumen funciones oficiales ministros, secretarios de gobierno y legisladores que han pertenecido a las organizaciones terroristas -y que tienen fluidas relaciones con algunas agrupaciones neosubversivas (Quebracho y Patria Libre, entre otras), otros legisladores elegidos por el voto popular no lo han podido hacer, como es el caso del ex comisario Luis Abelardo Patti, que ha participado de la represión al terrorismo setentista.

Quiero dejar muy en claro que no justifico de ninguna manera el accionar desmedido de los elementos que combatieron a las organizaciones terroristas, ya sean militares, policiales o paramilitares, pero la justicia debe ser equitativa o no es justicia.

El amigo venezolano

Los últimos dos gobiernos argentinos se han jactado de la amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Chávez es el mismo que dice que “Venezuela limita con las FARC, no con Colombia”; es el mismo que se abraza con el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad (cuyo país está implicado en los atentados de Buenos Aires de 1992 y 1994); es el mismo que visita al obsoleto régimen comunista de Corea del Norte; es el mismo que tolera la presencia de Hezbollah en su país; es el mismo que visita a Fidel Castro (financista de cuanto grupo insurgente hubo en América Latina); es el mismo que casi desata una guerra con Colombia cuando este país atacó justificadamente una base de las FARC instalada en Ecuador, matando al vocero de la organización narcoterrorista, “Raúl Reyes”, y es el mismo, entre otras incongruencias, que tiene carteles de agradecimiento en el sur del Líbano, por el apoyo brindado en la guerra contra Israel en 2006. Con estas cartas de presentación, no es muy halagüeño ser “amigo” de Chávez. Como tampoco lo fue estar en el primer intento por recuperar a Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, las dos legisladoras colombianas secuestradas por la narcoguerrilla de las FARC, como sucedió con el ex presidente Néstor Kirchner.

Un hecho de gravísimas consecuencias institucionales para el país, fue el decomiso en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, en diciembre de 2007, de una valija con U$S 800.000, incautada al ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson, luego de un vuelo con funcionarios argentinos y venezolanos. Una investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI) determinó que el destino final del dinero confiscado era para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, es decir dinero negro para financiar la campaña proselitista de la entonces candidata por el Frente para la Victoria (FPV).

En Argentina los esbirros de Chávez ya se cuentas por decenas, desde piqueteros oficialistas hasta legisladores y concejales comunales. Hasta se organizan tours para ser operados en Caracas por médicos cubanos, para personas con afecciones oculares en lo que Chávez denomina “Misión Milagro”, que no es otra cosa que propaganda bolivariana, ya que dichas intervenciones bien podrían ser realizadas en el país por destacados especialistas locales.

El principal lugarteniente que tiene el chavismo en el país es el piquetero Luis D´Elía, que además de ser referente de sus ideas, también lo es del gobierno iraní. Otro de los adeptos de Chávez en Argentina es Humberto Tumini, líder de Patria Libre, quien fuera “sargento” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en los 70. La esposa de Tumini, Graciela Draguicevich, dirige a través de la “Mutual Sentimiento” algunos de los fondos que llegan al país a través de la representación venezolana. Dicho sea de paso, los últimos embajadores de Venezuela (de los cuales Roger Capella fue el paradigma más notable) han realizado actividades que tienen más que ver con actividades políticas y propagandísticas, que con sus funciones estrictamente consulares. Obviamente la Casa Rosada está al tanto de dichas actividades y mira para otro lado.

Terroristas con plácet

En los últimos años, la República Argentina ha otorgado salvaguardas y carácter de refugiados políticos a varios notorios terroristas. Ya en una nota anterior (“La República Argentina y su compromiso en la lucha antiterrorista”, del 13 de enero de 2006, publicado en www.guerracontraterror.blogspot.com) he nombrado a varios de ellos. Desde esa fecha hasta hoy la situación no ha cambiado.

De todos los ciudadanos colombianos que ingresaron al país a través del paso fronterizo Villazón (Bolivia) - La Quiaca (Argentina) -y que solicitaron que se les conceda la categoría de “refugiados”-, las autoridades consulares colombianas, consultadas en su momento por Gendarmería Nacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CE.PA.RE.) han informado que pertenecen o han pertenecido a las FARC. Todos ellos fueron aceptados por el gobierno argentino.

Pero el principal vínculo entre las FARC y la izquierda insurreccional argentina es “Javier Calderón”, el representante de la organización terrorista en el exterior. Su verdadero nombre es Jairo Alfonso Lemes Bulla. Calderón-Bulla, no solo se ha entrevistado con políticos y sindicalistas argentinos, sino que ha dado un sinnúmero de conferencias en las principales universidades del país y en algunos sindicatos. También estuvo presente, el 25 de marzo de 2004, para conmemorar los 40 años de la creación de las FARC-EP, en la biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo (UNMPM), de la Capital Federal.

El islamismo radical y sus socios locales

La República Argentina ha visto desde 1994 un incremento paulatino del accionar de elementos vinculados al islamismo radical. El más claro ejemplo se dio durante la guerra entre el Estado de Israel y las milicias chiítas pro iraníes de Hezbollah, en 2006. Estos elementos, unidos a grupos piqueteros y partidos de izquierda, protagonizaron marchas de repudio a Israel, donde quedó claramente demostrado de qué lado del espectro ideológico estaban. Hemos observado banderas de Hezbollah y pancartas con la foto de su líder, Hassan Nasrallah, enarboladas por jóvenes izquierdistas y desocupados llevados de las narices por los cabecillas piqueteros.

Algunos de los líderes religiosos musulmanes estaban muy comprometidos con el accionar de células terroristas que estuvieron en el país, tal el caso del presidente de la Asociación Islámica Argentina, Abdalá Madani, quien fuera fotografiado con el embajador iraní en tiempos del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

Marcha en apoyo al pueblo palestino en Buenos Aires, en 2006. Nótense las banderas de Hezbollah y la imagen del ayatollah Jomeini

El hecho más preocupante lo es esta nueva alianza entre la izquierda insurreccional y los integrantes de la comunidad islámica en Argentina, lo cual nos lleva a replantear cómo encarar una posible usina de pensamiento panislámico en el país.

Por supuesto que esto no pasó desapercibido al gobierno, ya que varios de los oradores de las marchas eran conspicuos colaboradores del gobierno de Néstor Kirchner, como Hebe de Bonafini, el piquetero Luis D´Elía o el cura Luis Farinello, que hasta llegaron, estos dos últimos, a visitar Teherán, en solidaridad con el pedido de la justicia argentina a INTERPOL para extraditar a funcionarios iraníes vinculados al atentado contra la AMIA.

Durante las semanas que duró la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, se volvieron a realizar actos contrarios al derecho de autodefensa israelí para evitar los continuos ataques con cohetes disparados desde la franja de Gaza. En esas manifestaciones (algunas de una violencia desmedida) retornaron los militantes islamistas y sus socios izquierdistas. El piquetero oficialista Luis D´Elía volvió a despotricar contra Israel y hasta una funcionaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, justificó la violencia esgrimida por los manifestantes dirigidos por D´Elía en contra de la embajada israelí en Buenos Aires, al decir que “Israel violó derechos internacionales y eso se le vino en contra”.

Conclusiones

Los últimos dos gobiernos argentinos (el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner) mantienen en sus gabinetes a funcionarios ligados a las formaciones terroristas que operaron en el país en las décadas del 60 y 70. Es por ello que se lanzaron a una verdadera cacería de los elementos militares y policiales ligados a la represión de esas estructuras guerrilleras. En la actual coyuntura política, es impensable que se vaya a enjuiciar a los líderes y partícipes de los movimientos insurreccionales que participaron de la violencia política setentista, violando de esta manera el principio de igualdad ante la Ley.

Algunos funcionarios han mantenido -y aun mantienen- vínculos con estructuras e individuos estrechamente ligados a organizaciones terroristas internacionales ampliamente conocidas.
El papel que juega la República Argentina (que tiene carácter de aliado extra-OTAN), en el marco de la guerra mundial contra el terrorismo es casi nulo. Sólo se han limitado a tibias medidas, como la sanción de una pobre ley antiterrorista, más por presión de los Estados Unidos que por propias convicciones en la materia. De hecho, el gobierno cerró la llamada “Base Billinghurst” de la Secretaría de Inteligencia, que se dedicaba a tareas antiterroristas…

El último desatino político de la administración kirchnerista fue la ley que posibilita el blanqueo de capitales sin preguntar por su procedencia, lo cual, en pocas palabras, es abrir las puertas al ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas, para blanquearlo alegremente en el país.
Como decía al comienzo, hay actos que definen la esencia de los gobiernos. Pero como decía Platón, “los gobiernos mueren por la exageración de sus principios”.