Los apoyos de ETA en Argentina y la región
Por Agustín C. Dragonetti
Director del CIIST- América (Centro Intercontinental de Investigaciones sobre Terrorismo)La conexión ETA-Asociación Madres de Plaza de Mayo
El 24 de octubre de 2000, el Cabildo de Gran Canaria decidió retirarle el apoyo económico (de alrededor de 19 millones de pesetas) que le aportaba a la Asociación Madres de Plaza de Mayo (AMPM), para la financiación de su Universidad Popular. El motivo de dicha medida obedeció a las declaraciones de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, en las que imputaba al gobierno de España de ejercer el “terrorismo de Estado” en su combate contra la organización separatista ETA.
Bonafini dijo textualmente, a través de un artículo en el portal de su asociación, que en España se consuman “torturas a los prisioneros políticos”, además de manifestar su apoyo a la “heroica lucha y valiente resistencia del pueblo vasco que enfrenta a un Estado asesino y criminal: el Estado español”.
A pesar de las disculpas emitidas por Madres de Plaza de Mayo, que dijo que
“jamás” han apoyado los asesinatos cometidos por ETA, el Cabildo de Gran Canaria, con gran tino y sentido de la situación, sostuvo que esas disculpas eran
“insuficientes” y que
“no se adecuan a la realidad”. Asimismo, organizaciones que luchan contra el terrorismo y entidades de víctimas del terrorismo españolas declararon
“personas no gratas” a las integrantes de Madres de Plaza de Mayo.
Cualquiera que haya leído el comunicado de disculpas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y conozca algo sobre esta supuesta organización defensora de los derechos humanos, se habrá reído a carcajadas. Basta recordar que el 4 de agosto de 1998 las Madres de Plaza de Mayo ya se habían solidarizado con un periódico que respondía a los lineamientos ideológicos de ETA, “Engin”, y que fuera ilegalizado por las autoridades ibéricas.
Transcribo a continuación algunos extractos del comunicado difundido por Madres de Plaza de Mayo a través de su portal (
http://www.madres.org/), el 28 de octubre de 2000:
*
“Las Madres de Plaza de Mayo jamás apoyamos los crímenes de la ETA ni los de ninguna organización política”.
*
“Pero las Madres de Plaza de Mayo apoyamos a los familiares de los presos vascos, y defendemos el derecho a un trato justo y humanitario”.
*
“De los más de 650 presos vascos, muchos seguramente están detenidos por haber participado en hechos de violencia. Pero muchos están presos simplemente por lo que piensan, o por lo que escriben, o por conocer a alguien que conoce a alguien...”
*
“Las Madres de Plaza de Mayo levantamos nuestra voz cuando denunciamos la detención de los integrantes de un partido político, que representaban una expresión legítima y legal de la vida política vasca”.
*
“Las Madres de Plaza de Mayo denunciamos las torturas de numerosos detenidos, consentidas por los jueces de la Audiencia Nacional. Escuchamos aterradas los relatos de familiares de las víctimas de la tortura, violaciones y los abusos, impotentes ante la complicidad judicial y el silencio de la prensa oficialista”.
*
“Si algo ha caracterizado a nuestra organización, fue el demostrarle a los jóvenes que la violencia y la venganza no eran los caminos correctos. Que el único camino es el compromiso político, que la política es la mejor acción del hombre, lo único que nos puede liberar. Pero cuando la política se hace con ética, con principios y sin claudicaciones”.
*
“Las Madres jamás callaremos nuestra voz, aunque tengamos que soportar las calumnias, la represión o la muerte”.No es el propósito de este artículo, pero puedo rebatir con abundantes pruebas cada una de las afirmaciones vertidas por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, en este pobre intento de disculpas.
Un caso testigo del apoyo que brindó la AMPM a ETA, es la cuestión que se suscitó en torno al terrorista etarra Jesús María Lariz Iriondo, expulsado por las autoridades de la República Oriental del Uruguay, en noviembre de 2002, hacia Argentina.
El caso Lariz Iriondo
La defensa de Lariz Iriondo en Argentina, luego de su expulsión de Uruguay, fue asumida en primera instancia por los abogados Juan Fagúndez, Gustavo Piantino y el parricida Sergio Schoklender* (apoderado legal de la AMPM). Luego se sumaría Eduardo Soarez.
A José María “Josu” Lariz Iriondo (nacido en 1957, natural de Alzola (Guipúzcoa), alias “Miki” o “Maki”), se lo considera el máximo responsable del Comando ETA “Irsultza” y autor intelectual y material del atentado de Eibar, el 9 de octubre de 1984, que produjo la muerte de dos personas por el estallido de un coche-bomba, luego de frustrados intentos de atentar contra distintos “objetivos” mediante la utilización de varios coches-bombas desactivados a tiempo por la Guardia Civil española.
Iriondo es considerado, además, como el autor intelectual de atentados contra al menos cinco entidades bancarias y motor ideológico de la llamada “Caravana de Muerte”, en la cual, el 19 de diciembre de 1999, el Comando ETA “Basurde”, integrado por Txumari Novoa, Alicia de la Cuesta e Igor Martínez de Osaba, a bordo de dos camionetas (una Peugeot Boxer con 688 kilos de cloratita, 50 Kg. de dinamita y 300 gramos de amonita y una Citroën Jumper con 950 kilos de cloratita, 50 Kg. de dinamita y 300 gramos de amonita) eran detenidos en un control policial de la ciudad de Zaragoza, para, según lo pormenorizara uno de los propios etarras apresados, hacerlas estallar en pleno centro de Madrid a las 18 horas del día siguiente.
Foto: el terrorista Lariz Iriondo y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini
A raíz de estos hechos, fundamentalmente por el atentado en Eibar, Lariz Iriondo, sobre quien pesaban varios pedidos de captura de las autoridades españolas por cargos como “pertenencia a banda armada, robo con intimación y pertenencia a banda armada”, pasó a la clandestinidad huyendo entre países como Francia, Argentina, y Uruguay, desde donde en reiteradas oportunidades regresaba al País Vasco- francés, territorio de Iparralde, para coordinar diferentes tipo de actividades político-terroristas, tomando en reiteradas ocasiones contacto con la dirigencia del aparato militar de la banda terrorista ETA.
Iriondo (quien desde 1986 se había establecido en la República Oriental del Uruguay con identidad falsa), junto a un grupo de exiliados y prófugos vascos con ayuda de ETA, habían logrado establecer una serie de restaurantes que les servían de pantalla y, además, como fuentes de recursos. Entre los restaurantes montados por éstos en territorio uruguayo, se encontraban el “Bacerri”, y el “Kepa Bast”, entre otros.
Lariz Iriondo fue descubierto y detenido en Montevideo por primera vez el 15 de mayo de 1992, junto con otras catorce personas acusadas de estar vinculadas a ETA, entre quienes se encontraban Rosario Delgado Iriondo, Luis María Lizarralde Izaguirre, Jesús María Goitía Unzurrunzaga y Miguel Ibáñez Oteiza, pero los tribunales uruguayos rechazaron el pedido de extradición presentado por la justicia española, por lo que Josu fue puesto en libertad el 8 de julio de 1993, en tanto que los tres últimos, a excepción de Rosario Iriondo, fueron extraditados a España un año más tarde.
Nuevamente Lariz Iriondo, quien para entonces era el responsable de la organización terrorista ETA en dicho país, fue detenido en otra oportunidad el 13 de noviembre de 2001 junto a otros cuatro vascos: Ricardo Callao Arregui quien se encontraba con documentación falsa uruguaya a nombre de Fernando de Rivera García, el alcalde de la localidad española de Ondarroa, Loren Arkotxa, y el ex edil vasco francés de UDABILTZA, responsable de ETA en el territorio vasco de Francia (Iparralde) y director de la revista "Kale Gorria" (Calle Roja), Xarlo Etxezaharreta; quienes fueron puestos en libertad tres horas mas tarde.
Finalmente, el 22 de noviembre de 2002, Josu Lariz Iriondo fue conducido por las autoridades policiales uruguayas hacia el aeropuerto internacional de Carrasco donde, abordando el vuelo 1957 de la compañía PLUNA, fue expulsado a la Argentina donde a su arribo es detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina y de INTERPOL, siendo conducido hasta su lugar de detención en la División Delitos Especiales y Terrorismo.
Una vez en Argentina, Lariz Iriondo pidió asilo político a la juez federal María Servini de Cubría y aseguró que era un perseguido político en España, por lo que solicitó que no sea aprobada su orden de extradición.
Inmediatamente a la llegada a Argentina de Lariz Iriondo, comenzó una campaña pidiendo la liberación del etarra, encabezada por la AMPM. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos que solicitaban la excarcelación de Iriondo fueron:
*Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Hebe Bonafini)
*Madres de Plaza de Mayo (Línea fundadora)
*SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)
*Abuelas de Plaza de Mayo
*Liga Argentina por los Derechos Humanos
*Agrupación H.I.J.O.S.- Buenos Aires
*Asociación de Detenidos y Desaparecidos
*Coordinadora por la libertad de los presos políticos
*Comisión de Derechos Humanos de Uruguay
*Liberpueblo
*Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
*Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI)
*Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL)
Después de pasar 19 meses detenido en Argentina, el 18 de junio de 2004 el etarra quedó en libertad, aunque no fue autorizado a salir del país hasta que la sentencia dictada por el magistrado federal Claudio Bonadío quedara firme, luego de que fuera apelada por el Ministerio Público argentino.
En los días precedentes al juicio se habían realizado diversas campañas y manifestaciones y, como sostiene Carlos Malamud, es muy factible que el juez federal Claudio Bonadío se haya dejado afectar por esta agitación. Notas en diversas publicaciones, principalmente en el periódico de izquierda “Página/12” y una marcha en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Congreso Nacional, organizada por el “Grupo de Amigos y Familiares de Lariz Iriondo” y la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, al cual se incorporaron grupos de los llamados “piqueteros”, como el Movimiento Barrios de Pie (MBdP), que responde al ex funcionario kirchnerista y actual candidato a diputado Jorge Ceballos, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTD-Teresa Rodríguez) y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD-Aníbal Verón). También su sumaron el Partido Comunista Argentino (PCA), Izquierda Unida, la Organización Libres del Pueblo (OLP) (cuyo referente es el ex guerrillero montonero Roberto Cirilo Perdía), la Corriente Patria Libre, obviamente las Madres de Plaza de Mayo, la agrupación HIJOS, la Asociación de Detenidos-Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Finalmente, en mayo de 2005, en un polémico e irrisorio fallo, la Corte Suprema de Justicia argentina ratificó la medida del juez de primera instancia de rechazar la extradición solicitada por España del terrorista Lariz Iriondo.
El máximo tribunal argentino señaló en un comunicado que cuatro de los nueve ministros que lo componen (todavía están en funciones), consideraron que los delitos que se le inculpaban a Lariz Iriondo habían prescrito para la legislación argentina.
En el fallo, los jueces supremos Enrique Petracchi, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay consideraron que “la acción penal nacida de los hechos delictivos por lo cuales se requirió a Lariz Iriondo se encontraba prescrita para la legislación argentina”.
Los jueces de la Corte Suprema señalaron que consideraban imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificación de los tratados internacionales, pero que no se podía adoptar igual razonamiento en relación a aquellos que antes de las convenciones no eran reconocidos en esa condición, “más allá de la formidable gravedad y creciente amenaza del terrorismo en el plano mundial”.
La prescripción de la acción también fue avalada por los magistrados Augusto César Belluscio y Carlos Fayt. El único juez supremo que votó en disconformidad fue Antonio Boggiano, quien consideró que los delitos por los cuales se exhortó a Lariz Iriondo eran de lesa humanidad.
Boggiano señaló que el terrorismo es “una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la comunidad internacional” y afirmó que este tipo de delitos resultan imprescriptibles.
Lariz Iriondo actualmente reside tranquilamente en Uruguay, donde vive con su esposa, la uruguaya Juanita Tarallo Hernández.
Apología del terrorismo etarra
El caso de Lariz Iriondo no fue el único en donde la AMPM mostró su solidaridad con ETA. El jueves 24 de abril de 2007, en una teleconferencia para la audiencia catalana como parte de los homenajes que recordaban los 30 años del nacimiento de la organización Batasuna, Hebe de Bonafini volvió a manifestar su apoyo a los separatistas de ETA.
“Nosotras somos amigas y compañeras de las madres de los presos de la ETA. Y lo vamos a seguir siendo”, manifestó Bonafini tras ser preguntada por las relaciones con la organización política separatista vasca Batasuna, brazo político de ETA y que fuera ilegalizado por el Gobierno español.
El 23 de agosto de 2007, en la Sede II de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se proyectó el video titulado “Euskal Herria: una historia de lucha y resistencia”, cuyos autores fueron los colectivos “Askapena” y “Resumen Latinoamericano” (este último dirigido por Carlos Alberto Aznares, responsable del “Diario Urgencia” y catedrático de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Aznares posee la doble nacionalidad argentino-española al igual que su esposa, María Torrellas).
El video-documental es una clara muestra de propaganda pro-ETA, ya que en el mismo se puede observar a militantes arbertzales (izquierda nacionalista vasca) en manifestaciones pro-etarras combatiendo contra la policía española.
Estos son algunos de los puntos destacados de dicho video-documental:
*El locutor en off -de inconfundible acento sudamericano- describe los violentos episodios de “kale borroka” (combates callejeros de militantes vascos etarras, llamados “cachorros de ETA”) como “jornadas de protesta”, a los extremistas como “independentistas vascos” y a los terroristas que han cumplido su condena o han sido liberados como “ex presos políticos”, al asesinato del almirante Carrero Blanco como “ajusticiado”. En ningún momento se habla de los atentados de la banda terrorista.
*Los autores del video introducen imágenes de otras situaciones, como por ejemplo el de una toma que muestra la fracción posterior de un tanque de combate israelí Merkava y a un infante palestino arrojándole una piedra, mientras se arguye sobre la “lucha social” en el País Vasco.
*En diferentas imágenes, el video muestra proclamas de ETA en los que se alcanza a leer: “generosa es la sangre que derramamos por Euskal Herria”. También se hacen distinciones a los miembros de la formación extremista vasca muertos y quemas de banderas españolas.
*En referencia a Herri Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA, el presentador relata que se trata de “un faro de rebeldía donde se mirarían no sólo las y los independentistas vascos, sino quienes también en el estado español se identificaron con sus planteos de reconstrucción popular”.
La conexión política de ETA en Argentina
El año 2004 marcó cuan cerca de la violenta ideología ETA se encontraban varios políticos argentinos.
En una sesión del Congreso Nacional, algunos diputados peronistas y radicales apoyaron una resolución presentada por los miembros del bloque del Frente País Solidario (FREPASO) en apoyo a Batasuna. Pedían que no se vulneraran los derechos de los vascos y que se abriera un diálogo entre el gobierno de Madrid y los proetarras. En Buenos Aires se hablaba de reuniones entre los batasunos Koldo Barros y Mikel Muñoa con la diputada del FREPASO Marcela Bordenave, cuya hija fue detenida en España por sus vinculaciones con ETA.
Lo del FREPASO no era nuevo: el mismo día en que ETA mataba al concejal Miguel Ángel Blanco, la agrupación de izquierda lanzó un comunicado de apoyo a ETA.
Un hecho que no pudo ser confirmado, sucedió en diciembre de 2006. Una firma denominada Afagro S.A. estaba comprando tierras en la provincia de Santiago del Estero. Hasta ahí la noticia no tenía mayor interés. Sin embargo se deslizó que los dueños ocultos de la firma eran el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, y su vicegobernador, Emilio Rached, a quienes se les sumaba el ex alcalde de la ciudad española de Pinto. Pero lo grave de este hecho es que esas tierras estaban siendo vendidas a ciudadanos españoles en montos millonarios, y que varias de esas hectáreas habían ido a parar a manos de terroristas de ETA, los principales actores de esa operación, que ya estaban ocupando lugares estratégicos en esa provincia argentina, tal cual lo señalaba el sitio digital argentino "Tribuna de Periodistas".
“Tribuna de Periodistas” recordaba que en Argentina, a poco de restaurarse la vía democrática a mediados de los '80, varios etarras estuvieron en Santiago del Estero y que en poco tiempo estaban al frente de restaurantes de comida vasca o de compañías pesqueras, entre otros emprendimientos.
En diciembre de 2006, los organismos de inteligencia españoles detectaron una tentativa de la izquierda abertzale para extender su presencia en Argentina, dentro de sus propósitos para contar con una mayor infraestructura de apoyo. El proceso había sido promovido por Udalbiltza-Kursaal, una organización ilegalizada en mayo de 2003 por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, que inculpó a varios de sus cabecillas del delito de pertenencia a banda armada. De la misma forma, se había comprobado la puesta en marcha de una maniobra para gestionar en las euskal etxeas locales el denominado EHNA (o documento de identidad vasco), una iniciativa surgida en la tregua de 1999, y encauzada a confeccionar un censo de residentes vascos.
Según se pudo saber, la izquierda abertzale había elegido a la República Argentina como un país prioritario dentro de su acción internacional porque aquí se halla la emigración vasca más cuantiosa con respecto a otros sitios de Sudamérica.
La inteligencia española había abierto una investigación para establecer si los datos que se consiguen a partir del archivo del EHNA pueden ser utilizados para buscar a individuos susceptibles de ser absorbidas por la izquierda abertzale o, inclusive, por la propia banda terrorista ETA. Varios EHNA han sido localizados en manos de muchos militantes de la banda. El caso más explicativo es el de Mikel Albisu, alias “Antza”, quien fuera máximo cabecilla de ETA. De igual manera, Zigor Merodio, jefe del aparato financiero detenido en julio de 2006 en Francia, fue identificado gracias a que cargaba consigo un EHNA con su nombre legítimo.
En la República Argentina no ha sido tranquilo el procedimiento para obtener los EHNA. En enero de 2006, la representación del Gobierno vasco en el país envió despachos a diferentes euskal etxeas para informarles que dicho carné no disfruta de otro valor que el estrictamente “afectivo” y que no es reglamentario. En el memo, la delegada del Gobierno autonómico añadía que el documento estaba auspiciado por Udalbiltza, que “es una organización cuya junta ejecutiva está formada, entre otros, por miembros de Batasuna, partido político ilegalizado”. Esta misiva desató inmediatamente una discusión entre distintos componentes de las euskal etxeas, que cargaron contra el Gobierno vasco por “boicotear” el EHNA.
A pesar del despacho cursado por el Gobierno vasco a las euskal etxeas, éstas siguieron gestionando los documentos. Según diferentes fuentes, actualmente se encuentran delegaciones para solicitar la tarjeta identificatoria en los centros vascos de General Villegas, Tres Arroyos, Bolívar y en el Centro Cultural Trenque Lauquen, todos ellos en el interior de la provincia de Buenos Aires, principal bastión de la inmigración vasca en Argentina. De igual modo, durante la Semana Vasca celebrada en octubre de 2006 en la provincia de Córdoba, con la presencia del lehendakari (presidente del País Vasco), Juan José Ibarretxe, también se admitió la tramitación del EHNA.
Un hecho muy preocupante ocurrió el 22 de febrero de este año en la sede del Partido Popular de Galicia, en la localidad balnearia bonaerense de Mar del Plata. Allí se registraron pintadas a favor de ETA, en vistas a los comicios regionales que se celebrarían en Galicia y País Vasco, el 1 de marzo pasado.
Pintada en la sede del PP en Mar del Plata
Con motivo de este grave incidente, el secretario general del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, emitió un comunicado rechazando “este tipo de actos vandálicos por tratarse de hechos reprobables, que atentan contra la libre convivencia democrática”.
ETA en la región
El periódico español “El Mundo” informó en su edición del 16 de febrero de 2004, citando fuentes policiales y de inteligencia españolas, que la organización terrorista ETA tenía 130 militantes desplegados en México, Venezuela, Cuba, Uruguay y Argentina que desempeñaban funciones logístico-financieras.
“ETA cuenta en América Latina con un grupo de 130 militantes del que una cuarta parte viene desempeñando funciones de logística y financiación”, consignaba el diario español.
“La dirección de ETA mantiene el control de su red exterior por medio de un delegado que se desplaza semestralmente a los distintos países para llevarles dinero, impartir instrucciones y hacer un seguimiento de la situación de la colonia de fugados y deportados”.
Según las fuentes citadas por “El Mundo”, en Latinoamérica el grupo más cuantioso de etarras “está radicado en México”, donde la policía española detectó la presencia de más de 80 militantes. Veinte de ellos, “colaboran activamente” con la estructura terrorista en operaciones de logística. En general, la que denomina “red mexicana” se mueve desde la clandestinidad. Sus miembros viajaban “a menudo” a Venezuela y a Cuba.
México y Venezuela son destino de militantes “durmientes”, decía el diario, al referirse a aquellos que concluyen su labor durante varios años, al cabo de los cuales se reintegran a la lucha armada.
Al referirse a Venezuela, donde se encontraba “el segundo grupo más importante de ETA” en la región, integrado por 30 militantes, el informe critica fuertemente a las autoridades de ese país. “La situación política en Venezuela está propiciando la llegada de nuevos ilegales de la banda” armada, expresaba “El Mundo”.
Las fuentes señaladas culpaban al gobierno de Hugo Chávez de “no reaccionar ante las quejas de España por la falta de colaboración policial”. No obstante, una fuente de la lucha antiterrorista limaba esa crítica al explicar que “al margen de las razones políticas, esa falta de colaboración está motivada por carencia de medios y por la descoordinación de la policía venezolana”.
El informe señalaba a Cuba como el “tercer refugio” de etarras. Según las fuentes periodísticas, en diversas ciudades de la isla vivían unos 20 activistas, entre ellos José Angel Urtiaga Martínez, sobre quien “pesan una orden de detención y pedido de extradición” del gobierno español.
“Las autoridades cubanas se oponen a su entrega a Madrid”, siempre según el mismo artículo, que indicaba que Urtiaga “es responsable del colectivo (en ese país) y controla una serie de sociedades que sirven para financiar la organización”.
En junio del año pasado, la Policía española había detectado que la organización separatista ETA había recompuesto sus estructuras de apoyo y red financiera en Venezuela y México.
Fuentes policiales vinculadas a la lucha antiterrorista indicaron que es en Venezuela donde más movimiento de ETA se tiene detectado, y que se investigaba si en ese país algunos etarras recibieron adiestramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La presunción era sustentada desde hacía varios años por los servicios de investigación de la Policía española, si bien no se habían podido demostrar, pero que las informaciones obtenidas por parte de las autoridades colombianas, posteriores a la muerte del segundo jefe guerrillero de las FARC “Raúl Reyes”, en marzo de 2008, ponían luz sobre tales contactos en 2003.
El Gobierno colombiano había confirmado que en la computadora del extinto “Raúl Reyes” (vocero y número dos de las FARC, muerto por el Ejército colombiano en un campamento en Ecuador, en marzo de 2008) se precisaban que tales contactos se dieron con el propósito de solicitar a ETA que atentara en Madrid contra políticos colombianos afincados en España.
Según señaló una fuente investigativa, en 2004 los informes policiales reducían la presencia de etarras en Venezuela a algo más de una treintena. Al mismo tiempo, explicaban que la mayoría de ellos estaban ya “quemados”, fuera de las estructuras operativas de ETA tratando de restaurar sus vidas.
“Ahora, los indicios apuntan a que hay un mayor número de etarras en aquel país, pero con diferentes intenciones. Tratarían de permanecer en Venezuela durante una temporada para, posteriormente, reincorporarse a la primera línea de actividad”.
En cuanto a México, una nota del periódico ibérico “El Mundo”, de junio de 2008, señaló que “los servicios de Inteligencia españoles han puesto todas las alarmas en ese país al detectar un fuerte aumento de llegada de personas que podrían estar relacionadas con ETA y sus organizaciones”.
“No obstante, las diferencias entre este caso y el venezolano son abismales, no en vano la colaboración policial con México es muy importante”, remarcaba.
El periódico recordó que cuando ETA estaba fuerte en ese país alcanzó a contar con una colonia que superaba los 200 etarras, pero “hace unos años las estimaciones de los analistas situaban en apenas medio centenar el número de etarras que residían en México”.
“Ahora, esas estimaciones se disparan y apuntan a que ETA tiene un centenar de activistas en dicho país. Pero además, se trataría, como en el caso de Venezuela, de etarras que acaban volviendo a España tras pasar unos meses en América”, finalizaba.
Conclusiones
Que ETA, en sus intentos por sentar sus reales en distintas zonas de Latinoamérica, fundamentalmente para buscar apoyos, cobijo y financiación, es un hecho incontrastable. El problema real estriba en el apoyo que puedan dar gobiernos y ONG ideológicamente promiscuos, como he señalado con anterioridad.
Creo que organizaciones terroristas como ETA deben ser erradicadas y sus integrantes llevados a rendir cuentas ante los sistemas judiciales de sus respectivos países. No cabe la vacilación de jueces timoratos que, en irrisorios planteos y fallos, abren las puertas a otros elementos radicalizados.
El actual gobierno de Argentina ha demostrado (como bien sostuvo Mary Anastasia O`Grady, en una nota publicada en el periódico estadounidense “The Wall Street Journal”, el 8 de julio de 2005, titulada “No hay que contar con la Argentina para combatir al terrorismo”) que su compromiso en la guerra global contra el terrorismo es limitada, por no decir nula. También su Corte Suprema de Justicia, que no considera que los hechos terroristas sean actos de lesa humanidad, equiparándolos con simples delitos comunes, como lo sostuvo en el fallo para denegar la extradición a España del terrorista etarra José María Lariz Iriondo.
La actual ola “progresista” que recorre América Latina es un caldo de cultivo ideal para que grupos terroristas de amplio espectro se instalen y desarrollen sus actividades de captación, propaganda, financiación y refugio, máxime teniendo en cuenta las declaraciones de algunos de sus presidentes. Que esto no ocurra depende pura y exclusivamente del accionar de los aparatos estatales de seguridad e inteligencia, que sin el imprescindible respaldo político carecerían de utilidad.
Nota
* El 30 de mayo de 1981, Sergio Mauricio Schoklender y su hermano Pablo asesinaron a sus padres y los introdujeron en el baúl de un automóvil Dodge Polara. Ambos habían sido atacados a golpes y estrangulados.
