El triunfo del FMLN en El Salvador: de la guerra revolucionaria a la victoria democrática

Por Agustín C. Dragonetti
Director del Centro Intercontinental de Investigaciones sobre Terrorismo (CIIST-América)

A 17 años de haberse firmado los Acuerdos de Paz (rubricados en el castillo de Chapultepec, México), que pusieron fin a 12 años de una cruenta guerra civil entre el gobierno salvadoreño y el Frente “Farabundo Martí” para la Liberación Nacional (FMLN), la ex guerrilla ganó las elecciones presidenciales del 15 de marzo pasado.
A pocos minutos de reafirmarse su ajustado triunfo (el 51,27% de los votos frente al 48,73% que alcanzó el partido de derecha ARENA), su candidato, el periodista y ex corresponsal de la cadena estadounidense CNN Mauricio Funes, se mostró ante la opinión pública acompañado por los antiguos cabecillas guerrilleros, vestidos con sus clásicas camisas rojas, símbolo del FMLN.
Luego de casi 20 años de gobiernos de derecha, el candidato de la ex guerrilla marxista-leninista (que nunca fue guerrillero ni militó en partido político alguno) llamó a la unidad nacional de los salvadoreños y deslizó un guiño al gobierno estadounidense: "Deseo una política exterior independiente. Quiero la integración centroamericana y el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos", dijo Funes ante la concurrencia y los medios periodísticos internacionales.

El FMLN: de la guerra revolucionaria a las urnas

El Frente “Farabundo Martí” para la Liberación Nacional (FMLN), fundado el 10 de octubre e 1980, es actualmente un partido político de izquierda moderada y la principal fuerza de oposición en El Salvador, surgido como un organismo de coordinación de los grupos guerrilleros que formaron parte de la guerra civil entre 1980 y 1992 (Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí" (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS). En diciembre del mismo año se sumó el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)).
El FMLN debe su nombre al líder comunista Agustín Farabundo Martí (ejecutado en la insurrección de 1932), delegado del Socorro Rojo Internacional y uno de los cabecillas del levantamiento campesino e indígena de 1932. La revuelta fue neutralizada por la Guardia Nacional, cuerpo instituido en 1912 durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez.
El principio de lo que luego sería el FMLN se remonta al 1 de abril de 1970, cuando Salvador Cayetano Carpio dimitió como Secretario General del Partido Comunista Salvadoreño y junto a otros seis ex integrantes del PCS constituyó las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL). Carpio, quien utilizó el alias de “Comandante Marcial”, tomó de modelo e inspiración para la conformación del FPL el triunfo de la revolución cubana, once años antes.
Dos son los hechos que pondrían fin a todo diálogo pacífico y el comienzo de la guerra civil salvadoreña: el asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero (ordenado por el mayor Roberto D´aubuissson, fundador del partido ARENA) y el secuestro y posterior asesinato de los seis miembros del Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario (FDR), integrante del FMLN.
El 10 de enero de 1981 la guerrilla del FMLN lanzó la fallida “Ofensiva Final”. El suceso no fue ni final ni fue ofensivo, sino un combinado de asalto militar y revuelta. La acometida fue liderada por el FMLN y sus grupos combatientes, mientras que la insurrección fue organizada por fuerzas populares procedentes de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM).
La revuelta no sólo pretendía derrocar al gobierno militar que gobernaba El Salvador, sino implantar un gobierno socialista-revolucionario.
La insurrección fue derrotada por las fuerzas armadas salvadoreñas y atribuida a la inexperiencia en cuestiones militares y tácticas de guerra de guerrillas.
Luego de la derrota, el FMLN como organización político-militar saltó a la total clandestinidad y sus estructuras, así como sus líderes, partieron hacia las montañas en distintas zonas del país.
El 26 de agosto de 1981, el FMLN consiguió el anhelo de toda fuerza guerrillera revolucionaria: el reconocimiento como fuerza combatiente. La Declaración Franco-Mexicana de 1981, le otorgó al FMLN el rango de “fuerza política legítima y representativa del pueblo salvadoreño”.
Cuando el FMLN amplió en 1983 la guerra revolucionaria a todo el país y estableció “zonas bajo control” así como “zonas de influencia”, éste demostró ser una fuerza política de gran peso en el país. A estas alturas el conflicto había alcanzado las particularidades de una guerra civil, pero ésta situación no era reconocida ni por el gobierno salvadoreño ni por la administración estadounidense de Ronald Reagan hasta que recibió el reconocimiento internacional.
En diciembre de 1990 el FMLN lanzó lo que más tarde se conocería como su cuarta y postrera embestida militar.
La aceptación de los protocolos de Ginebra por parte del FMLN abrió una nueva etapa de la guerra de guerrillas del FMLN, fruto de la coyuntura del proceso de paz y su reconocimiento como fuerza beligerante.
El proceso que convergió en el fin de la guerra civil salvadoreña fue comenzado por el FMLN con la exposición de su oferta negociadora del fin de las operaciones en septiembre de 1989 en Washington, un mes después de haber lanzado la ofensiva militar. Sin embargo, no fue hasta que se suscribiera el Acuerdo de Ginebra, en abril de 1990, ante el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que el proceso se volvió inmutable al proyectarse una agenda y calendario del resto de los acuerdos alcanzados entre guerrilla y gobierno.
Un mes más tarde del comienzo de la ofensiva de 1990, el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN refrendaron el Acuerdo de Nueva York, que sirvió como preludio a los acuerdos de Chapultepec. Las reformas en las Fuerzas Armadas, sistema judicial y electoral y la conformación de la “Comisión de la Verdad” (muy similar a la CONADEP argentina, creada por el gobierno de Raúl Alfonsín para investigar la desaparición de personas durante la última dictadura militar) fueron especificadas en el Acuerdo de México, el 27 de abril de 1991, hasta alcanzar al compromiso terminante de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, a partir del cuál comienzan el cese de hostilidades, el desarme y la puesta en práctica de las reformas institucionales convenidas.

Foto: desmovilización de guerrilleros del FMLN en 1992

El conflicto salvadoreño dejó unas 75 mil personas muertas, 6 mil desaparecidas y unas 40 mil lisiadas.
El fin de la guerra se tradujo en la cimentación de un estado de derecho y del principio de una democracia pluripartidista en la que la izquierda fue un participante legal y oficial, primordial para la inclusión del FMLN (al serle concedido por decreto de la Asamblea Legislativa del 1 de septiembre de 1992, su estatus como partido legal) en el sistema político salvadoreño.
Tras su legitimación como partido político en 1992, el FMLN perdió tres elecciones presidenciales entre 1994 y 2004.

Los desafíos del gobierno de Funes

El nuevo presidente salvadoreño deberá enfrentar serios problemas socioeconómicos. Mauricio Funes tendrá que lidiar con el aumento de la violencia pandillera de las llamadas maras (el país vive una ola de violencia que se manifiesta en una tasa de 61 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina y del mundo) y la aguda pobreza que afecta al 35 % de los 5,8 millones de salvadoreños. Cifras oficiales de 2006 indicaban un desempleo de 6,6 %. Según números extraoficiales de organismos de contralor, 43 de cada 100 personas de la población económicamente activa subsisten subempleadas o con actividades menores, como la venta ambulante y los trabajos temporales. Además, a raíz de la crisis económica global, se le suma la disminución de las remesas (principalmente de los emigrados que viven en los Estados Unidos), segunda fuente de ingresos del país.
Funes también tendrá que afrontar los recelos de las fracciones más conservadores de la sociedad, por lo que se verá obligado a buscar anuencias con los partidos de derecha (principalmente la Alianza Republicana Nacionalista), que gozarán de mayoría parlamentaria, ya que el FMLN apenas tiene 35 diputados en un fraccionado Parlamento de 84 escaños.
En un claro mensaje a los mercados, Funes dijo: "Voy a construir el sistema económico social, basado en la existencia de la propiedad privada (...) Yo no tengo que hacer lo que están haciendo presidentes de otros países hermanos. Son circunstancias completamente diferentes", en una tácita alusión a los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Evo Morales, de Bolivia.
Esperemos que el nuevo presidente salvadoreño pueda lograr los cambios necesarios para conducir a El Salvador hacia una senda de paz y progreso sustentable y que no retome los caminos revolucionarios (cabe señalar que Mauricio Funes llevó como compañero de fórmula a Salvador Sánchez Cerén, el único miembro de la Comandancia General del FMLN durante su época guerrillera que se mantiene en el partido), que puedan desequilibrar una región de por sí convulsa y no participe del eje La Paz-Caracas-Quito-Managua-La Habana, que no le reportará nada positivo a su gestión.

La postura argentina frente al terrorismo
Por Agustín C. Dragonetti (Director de CIIST-América y editor de “Guerra contra el Terrorismo”)

Hay actos que definen la esencia de los gobiernos. El caso de Argentina no es la excepción. Sabemos que muchos de los integrantes del actual gobierno (que no es otra cosa que la continuidad del anterior, tanto en lo económico, como en lo ideológico) han sido notables terroristas en las organizaciones guerrilleras que asolaron el país durante las décadas del 60 y 70 (Montoneros, ERP, FAP, FAR, etc.). De hecho el mismísimo canciller argentino, Jorge Taiana, estuvo involucrado en el asesinato de dos personas, el 4 de julio de 1975, al colocar una bomba en el Bar Ibérico, en pleno centro porteño, junto con su esposa, Graciela Iturrazpe (cuyo “nombre de guerra” era “Inés”).

Ahora bien, desde el apoyo incondicional a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que debería ser considerada, sino terrorista, como mínimo instigadora de violencia política, hasta la aceptación de terroristas reconocidos en territorio argentino, el gobierno demuestra a las claras cual es su postura frente al flagelo del terrorismo internacional.

¿Lesa humanidad o simple delincuencia común?

En 1949, la Convención de Ginebra (que norma el derecho internacional humanitario) declaró que los crímenes terroristas contra civiles inocentes son delito de lesa humanidad. Esta articulación forma parte del derecho penal argentino desde 1956.
El viernes 21 de diciembre de 2007, la Cámara Federal porteña ratificó que los hechos cometidos por la organización terrorista Montoneros no serán investigados judicialmente y por lo tanto se encuentran prescriptos.

El delirante fallo de la Sala I de la Cámara, sostuvo que: "Es equivocado sostener que los delitos atribuidos a la organización constituyan crímenes contra la humanidad. Sin duda, el error radica en confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política --violenta o no-- con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada".

Los jueces Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah examinaron la apelación que se había presentado para reabrir la investigación sobre el atentado cometido por Montoneros el 2 de julio de 1976, cuando una bomba con 9 kilogramos de trotyl detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, matando a 24 personas.

Hugo Biazzo, uno de los 60 lesionados en ese ataque, exigió a través del abogado y ex juez Norberto Giletta que se reabra la causa y se castigue a los dirigentes de Montoneros "frente a la aplicación de advenediza doctrina, por entender que aquel episodio fue un hecho militar de 1976".

Al estudiar el planteo de Giletta, tanto el fiscal Jorge Álvarez Berlanda como la jueza federal María Servini de Cubría objetaron la demanda para investigar al jefe de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich y a los integrantes de la organización Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Pastoriza.

Sin embargo, Giletta apeló ante la Cámara Federal y los jueces de la Sala I volvieron a cerrar el caso: "La naturaleza aberrante del suceso y el inconmensurable daño ocasionado, no ignorado por el Tribunal, no bastan por si para superar los diques estrictos, que establecen que el caso se encuentra prescripto".

"El ataque al cuartel de policía no fue un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional ni tampoco un crimen de lesa humanidad", establecieron los jueces en el fallo.
Según se subrayó, "los crímenes contra la humanidad son cometidos en el marco de una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político".

Repasemos un poco la historia contemporánea argentina: la organización terrorista Montoneros fue tolerada -y aun amparada- por el general Juan Domingo Perón, a quienes llamaba “los muchachos”, en el marco de la lucha por el regreso del líder de su exilio forzado en Madrid. Con la llegada del peronismo al poder en 1973, directamente se los apoyó desde la Casa Rosada y hasta tuvieron diputados (en lo que se conoció como la llamada “Tendencia”, estructuras políticas afines con Montoneros), como fue el caso de la actual ministra de Defensa, Nilda Garré, o el actual diputado nacional Carlos Kunkel. Ahora bien, ¿no es eso “una acción masiva o sistemática, dirigida, organizada o tolerada por el poder político”, como sostiene el fallo de Sala I? ¿Acaso volar por los aires una unidad policial, asesinado a su personal, no es un delito de lesa humanidad? ¿Y los otros hechos protagonizados por las organizaciones terroristas argentinas no serán nunca investigados? ¿Existe un “terrorismo bueno”?.

Digámoslo directamente: el gobierno argentino avala la violencia terrorista setentista. Lo dijo claramente el ex presidente Néstor Kirchner: “somos los hijos de las Madres de Plaza de Mayo”, de la que su titular, Hebe Pastor de Bonafini, se ha vinculado con casi todos los grupos guerrilleros latinoamericanos y europeos, y se alegró públicamente de los ataques de al-Qaeda contra Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001.

Derechos olvidados

Pero existe otro derecho amparado por la Constitución Nacional: el de igualdad ante la Ley. Mientras que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad han sido -y lo siguen siendo- juzgados por hechos acaecidos en el marco de la represión a las organizaciones terroristas, los ex integrantes de las agrupaciones guerrilleras han sorteado la mano de la Justicia. Es más, los miembros de estas bandas han sido beneficiados con resarcimientos económicos y leyes de amnistía negadas a los militares y policías que los combatieron. Cabe agregar un dato no menor: el decreto para el aniquilamiento de la subversión, no vino del régimen militar que gobernó de facto el país de 1976 a 1983, sino de un gobierno democrático de signo ideológico igual al actual.
Mientras que por un lado asumen funciones oficiales ministros, secretarios de gobierno y legisladores que han pertenecido a las organizaciones terroristas -y que tienen fluidas relaciones con algunas agrupaciones neosubversivas (Quebracho y Patria Libre, entre otras), otros legisladores elegidos por el voto popular no lo han podido hacer, como es el caso del ex comisario Luis Abelardo Patti, que ha participado de la represión al terrorismo setentista.

Quiero dejar muy en claro que no justifico de ninguna manera el accionar desmedido de los elementos que combatieron a las organizaciones terroristas, ya sean militares, policiales o paramilitares, pero la justicia debe ser equitativa o no es justicia.

El amigo venezolano

Los últimos dos gobiernos argentinos se han jactado de la amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Chávez es el mismo que dice que “Venezuela limita con las FARC, no con Colombia”; es el mismo que se abraza con el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad (cuyo país está implicado en los atentados de Buenos Aires de 1992 y 1994); es el mismo que visita al obsoleto régimen comunista de Corea del Norte; es el mismo que tolera la presencia de Hezbollah en su país; es el mismo que visita a Fidel Castro (financista de cuanto grupo insurgente hubo en América Latina); es el mismo que casi desata una guerra con Colombia cuando este país atacó justificadamente una base de las FARC instalada en Ecuador, matando al vocero de la organización narcoterrorista, “Raúl Reyes”, y es el mismo, entre otras incongruencias, que tiene carteles de agradecimiento en el sur del Líbano, por el apoyo brindado en la guerra contra Israel en 2006. Con estas cartas de presentación, no es muy halagüeño ser “amigo” de Chávez. Como tampoco lo fue estar en el primer intento por recuperar a Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, las dos legisladoras colombianas secuestradas por la narcoguerrilla de las FARC, como sucedió con el ex presidente Néstor Kirchner.

Un hecho de gravísimas consecuencias institucionales para el país, fue el decomiso en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, en diciembre de 2007, de una valija con U$S 800.000, incautada al ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson, luego de un vuelo con funcionarios argentinos y venezolanos. Una investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI) determinó que el destino final del dinero confiscado era para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, es decir dinero negro para financiar la campaña proselitista de la entonces candidata por el Frente para la Victoria (FPV).

En Argentina los esbirros de Chávez ya se cuentas por decenas, desde piqueteros oficialistas hasta legisladores y concejales comunales. Hasta se organizan tours para ser operados en Caracas por médicos cubanos, para personas con afecciones oculares en lo que Chávez denomina “Misión Milagro”, que no es otra cosa que propaganda bolivariana, ya que dichas intervenciones bien podrían ser realizadas en el país por destacados especialistas locales.

El principal lugarteniente que tiene el chavismo en el país es el piquetero Luis D´Elía, que además de ser referente de sus ideas, también lo es del gobierno iraní. Otro de los adeptos de Chávez en Argentina es Humberto Tumini, líder de Patria Libre, quien fuera “sargento” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en los 70. La esposa de Tumini, Graciela Draguicevich, dirige a través de la “Mutual Sentimiento” algunos de los fondos que llegan al país a través de la representación venezolana. Dicho sea de paso, los últimos embajadores de Venezuela (de los cuales Roger Capella fue el paradigma más notable) han realizado actividades que tienen más que ver con actividades políticas y propagandísticas, que con sus funciones estrictamente consulares. Obviamente la Casa Rosada está al tanto de dichas actividades y mira para otro lado.

Terroristas con plácet

En los últimos años, la República Argentina ha otorgado salvaguardas y carácter de refugiados políticos a varios notorios terroristas. Ya en una nota anterior (“La República Argentina y su compromiso en la lucha antiterrorista”, del 13 de enero de 2006, publicado en www.guerracontraterror.blogspot.com) he nombrado a varios de ellos. Desde esa fecha hasta hoy la situación no ha cambiado.

De todos los ciudadanos colombianos que ingresaron al país a través del paso fronterizo Villazón (Bolivia) - La Quiaca (Argentina) -y que solicitaron que se les conceda la categoría de “refugiados”-, las autoridades consulares colombianas, consultadas en su momento por Gendarmería Nacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CE.PA.RE.) han informado que pertenecen o han pertenecido a las FARC. Todos ellos fueron aceptados por el gobierno argentino.

Pero el principal vínculo entre las FARC y la izquierda insurreccional argentina es “Javier Calderón”, el representante de la organización terrorista en el exterior. Su verdadero nombre es Jairo Alfonso Lemes Bulla. Calderón-Bulla, no solo se ha entrevistado con políticos y sindicalistas argentinos, sino que ha dado un sinnúmero de conferencias en las principales universidades del país y en algunos sindicatos. También estuvo presente, el 25 de marzo de 2004, para conmemorar los 40 años de la creación de las FARC-EP, en la biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo (UNMPM), de la Capital Federal.

El islamismo radical y sus socios locales

La República Argentina ha visto desde 1994 un incremento paulatino del accionar de elementos vinculados al islamismo radical. El más claro ejemplo se dio durante la guerra entre el Estado de Israel y las milicias chiítas pro iraníes de Hezbollah, en 2006. Estos elementos, unidos a grupos piqueteros y partidos de izquierda, protagonizaron marchas de repudio a Israel, donde quedó claramente demostrado de qué lado del espectro ideológico estaban. Hemos observado banderas de Hezbollah y pancartas con la foto de su líder, Hassan Nasrallah, enarboladas por jóvenes izquierdistas y desocupados llevados de las narices por los cabecillas piqueteros.

Algunos de los líderes religiosos musulmanes estaban muy comprometidos con el accionar de células terroristas que estuvieron en el país, tal el caso del presidente de la Asociación Islámica Argentina, Abdalá Madani, quien fuera fotografiado con el embajador iraní en tiempos del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

Marcha en apoyo al pueblo palestino en Buenos Aires, en 2006. Nótense las banderas de Hezbollah y la imagen del ayatollah Jomeini

El hecho más preocupante lo es esta nueva alianza entre la izquierda insurreccional y los integrantes de la comunidad islámica en Argentina, lo cual nos lleva a replantear cómo encarar una posible usina de pensamiento panislámico en el país.

Por supuesto que esto no pasó desapercibido al gobierno, ya que varios de los oradores de las marchas eran conspicuos colaboradores del gobierno de Néstor Kirchner, como Hebe de Bonafini, el piquetero Luis D´Elía o el cura Luis Farinello, que hasta llegaron, estos dos últimos, a visitar Teherán, en solidaridad con el pedido de la justicia argentina a INTERPOL para extraditar a funcionarios iraníes vinculados al atentado contra la AMIA.

Durante las semanas que duró la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, se volvieron a realizar actos contrarios al derecho de autodefensa israelí para evitar los continuos ataques con cohetes disparados desde la franja de Gaza. En esas manifestaciones (algunas de una violencia desmedida) retornaron los militantes islamistas y sus socios izquierdistas. El piquetero oficialista Luis D´Elía volvió a despotricar contra Israel y hasta una funcionaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), María José Lubertino, justificó la violencia esgrimida por los manifestantes dirigidos por D´Elía en contra de la embajada israelí en Buenos Aires, al decir que “Israel violó derechos internacionales y eso se le vino en contra”.

Conclusiones

Los últimos dos gobiernos argentinos (el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner) mantienen en sus gabinetes a funcionarios ligados a las formaciones terroristas que operaron en el país en las décadas del 60 y 70. Es por ello que se lanzaron a una verdadera cacería de los elementos militares y policiales ligados a la represión de esas estructuras guerrilleras. En la actual coyuntura política, es impensable que se vaya a enjuiciar a los líderes y partícipes de los movimientos insurreccionales que participaron de la violencia política setentista, violando de esta manera el principio de igualdad ante la Ley.

Algunos funcionarios han mantenido -y aun mantienen- vínculos con estructuras e individuos estrechamente ligados a organizaciones terroristas internacionales ampliamente conocidas.
El papel que juega la República Argentina (que tiene carácter de aliado extra-OTAN), en el marco de la guerra mundial contra el terrorismo es casi nulo. Sólo se han limitado a tibias medidas, como la sanción de una pobre ley antiterrorista, más por presión de los Estados Unidos que por propias convicciones en la materia. De hecho, el gobierno cerró la llamada “Base Billinghurst” de la Secretaría de Inteligencia, que se dedicaba a tareas antiterroristas…

El último desatino político de la administración kirchnerista fue la ley que posibilita el blanqueo de capitales sin preguntar por su procedencia, lo cual, en pocas palabras, es abrir las puertas al ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas, para blanquearlo alegremente en el país.
Como decía al comienzo, hay actos que definen la esencia de los gobiernos. Pero como decía Platón, “los gobiernos mueren por la exageración de sus principios”.

La penetración ideológica de las FARC en Argentina

Por Agustín C. Dragonetti
Director del Centro Intercontinental de Investigaciones sobre Terrorismo (CIIST-América)


Si bien es casi reiterativo el considerar la representación de las FARC-EP en la República Argentina, no se tiene una cabal idea del nivel de sus redes dentro del país.

Argentina se encuentra dentro lo que sus líderes denominan la “zona de influencia” de la organización. Es por esto que intentan alcanzar alianzas con líderes y estructuras políticamente afines.

Hasta su captura en Bogotá, el 7 de agosto de 2008, las FARC mantenían en el Cono Sur a un “canciller” o vocero político llamado “Comandante Javier Calderón”, cuyo verdadero nombre es Jairo Alfonso Lemes Bulla. Esta persona desarrollaba una verdadera actividad diplomática en el país y la región, entrevistándose con políticos locales, agrupaciones políticas, sociales y universitarias de la izquierda argentina.

El “ex canciller” de las FARC-EP

El primer contacto de Calderón-Bulla con una organización universitaria argentina, fue el 8 de agosto de 1998, cuando dio una entrevista a un programa radial de LW1 (Radio Universidad de Córdoba).

A ese primer acercamiento a una entidad universitaria, le siguieron charlas y entrevistas en universidades:

*Universidad Nacional de Salta (octubre de 1998).

*Facultad de Humanidades de Jujuy (Noviembre de 1998).

*Facultad de Arquitectura de Córdoba (diciembre de 1998).

*Universidad Nacional del Comahue, Neuquén (junio de de 1999).

*Facultad de Derecho de Roca, Neuquén (junio de 1999).

*Centro Regional Universitario de Bariloche, Río Negro (junio de 1999).

*Profesorado de Ciencias Sociales de Concordia, Entre Ríos (mayo de 2000).

*Escuela Superior de Trabajo Social, La Plata, Buenos Aires (setiembre de 2000).

*Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral, Santa Fe (setiembre de 2000).

*Aula Magna del complejo Universitario de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires (junio de 2001).

*Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (marzo de 2002).

*Biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires (marzo de 2004).

Además de sus coloquios en estas sedes académicas, Calderón-Bulla participó de numerosos actos y reuniones de agrupaciones marxistas-comunistas argentinas (PCA, FJC, MAS, PTS, entre otras), en donde transmitió las experiencias de las FARC-EP al auditorio.

Cabe mencionar que Calderón-Bulla fue visto en abril de 2001 en la zona de la Triple Frontera (zona limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay), donde dio charlas a integrantes del Movimiento de los Sin Tierras (MST), de Brasil.

En marzo de 2002, Calderón-Bulla ingresó al país desde Chile para participar de una asamblea con miembros del Movimiento Bolivariano argentino, que se celebró en Mendoza el 25 de marzo de 2004.

El entramado de las FARC-EP en Argentina

Según fuentes de inteligencia, en Argentina las FARC-EP operan en grupos campesinos como el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), manejan una red de prostitución en la provincia de Buenos Aires y han realizado inversiones inmobiliarias, presumiblemente para lavar dinero para financiar a sus cuadros.

También han financiado a grupos piqueteros, y costeado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Entre los nexos de las FARC en Argentina se encuentra uno de los principales dirigentes de la agrupación Madres de Plaza de Mayo (quien viaja regularmente a Colombia). También existen vinculaciones con el MTD-Aníbal Verón, el MTD-Solano, con los llamados Círculos Bolivarianos y con la estructura sindical cooperativa del Hotel Bauen de Buenos Aires (donde confluyen estructuras de partidos de ultra izquierda y movimientos piqueteros). La cooperación entre los grupos insurgentes de ultra izquierda o pro-marxistas se han coordinado, por ejemplo, en reuniones como el “Foro Social Mundial”, cuya sede en la Argentina se encuentra en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Declaraciones

Para tener una aproximación a lo que piensan diferentes funcionarios, (tanto argentinos como extranjeros), transcribiré algunas declaraciones hechas a diferentes medios de comunicación, así como también un extracto de una entrevista realizada a “Raúl Reyes”, el vocero de de las FARC muerto en marzo de 2008, cuando fuerzas militares colombianas atacaron un campamento-base de las FARC en territorio ecuatoriano:

Marzo de 2002 (INFOBAE, Argentina): el titular de la comisión de Defensa, Miguel Ángel Toma dijo que tenía “algunas presunciones” de que las FARC realizarían tareas de adoctrinamiento o formación militar a ciudadanos argentinos. “Tengo algunas presunciones muy firmes en el sentido de que hay operaciones de cooptación de cuadros”, señaló Toma, titular de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, quien admitió que hasta ahora sólo hay versiones, pero que las mismas no son “tan delirantes”.
Según Toma, “no tiene que llamarnos la atención que existan algunos miembros de las FARC que puedan estar intentando tomar cuadros también de esos sectores para ir a formarlos militarmente en Colombia. Ha sido un mecanismo permanente de toda estructura guerrillera la exportación de su modelo de acumulación de poder a otros países".

Sábado 25 de setiembre de 2004 (varios medios): BOGOTÁ.- La Policía Secreta colombiana (DAS) denunció este viernes que la guerrilla de las FARC tiene nexos con sectores de Argentina, Chile y de varias naciones centroamericanas, en donde pretende generar una ola de descontento social y promover alteraciones de orden público. "Las FARC han pasado por Argentina, Chile, Centroamérica y otros países, donde hemos detectado su presencia a través de voceros o de alguna otra forma, que actúan con alguna representación (de esa guerrilla)", dijo Jorge Noguera, director del DAS.

1 de junio de 2005 (ANNCOL): Entrevista a “Raúl Reyes”, integrante del secretariado del Estado Mayor de las FARC.

- “Lo que hay es una campaña liderada por Álvaro Uribe Vélez, asesorado por los gringos, con el fin de infundir temor en los gobiernos y pueblos de la región sobre lo que son las FARC. Con esto lo que se quiere es desvirtuar el carácter político de las FARC. Las FARC no son más que una organización política revolucionaria que está luchando por una nueva Colombia, está luchando por la conquista del poder. En ese objetivo las FARC tienen relaciones con muchas organizaciones políticas de la región como salvadoreñas, nicaragüenses, mejicanas, brasileras, paraguayas, venezolanas, argentinas, etcétera”.

-“Pero tenemos relaciones también con los partidos comunistas, movimientos de oposición de gobiernos, con movimientos sindicales y populares”.

18 de setiembre de 2005 (El Mercurio, Chile): Entrevista a Jorge Noguera, director de Seguridad de Colombia.

-Usted hace un año habló puntualmente de Chile y también de Argentina.

-Puedo decir que Chile y Argentina han sido infiltrados por las FARC; tenemos noticias de que han hecho presencia también en Paraguay. Acabamos de tener excelentes noticias de Brasil, donde capturaron a Francisco Medina Collazos, alias "el Cura Camilo", quien fue solicitado por Colombia a través de INTERPOL y que era el "embajador" de las FARC en Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

-¿Por qué las FARC quieren entrar en estos países?

-Buscan países en los que todavía hay organizaciones que los ven con un criterio romántico, como reivindicadores de derechos, como rebeldes.
11 de octubre de 2004 (varios medios): El ex presidente Duhalde dijo que las FARC habían “infiltrado” gremios y partidos.
El gobierno argentino negó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) actúen en el país.

El ministro de Defensa, José Pampuro, dijo a la prensa que en el pasado las FARC operaron por un breve período en Argentina, pero que los organismos de inteligencia no han detectado ningún contacto ni actividad de guerrilla en la actualidad.

16 de marzo de 2005 (varios medios): pedido de informe sobre la presencia de las FARC en territorio argentino, presentado por el diputado nacional Guillermo Cantini.
El informe interpela sobre la concordancia entre varios funcionarios del Gobierno de Néstor Kirchner y de sindicalistas, con miembros de la guerrilla colombiana de las FARC. También interroga acerca de las reuniones en el Hotel Bauen, del financiamiento de PDVSA a estos cuadros insurgentes y de los enlaces de grupos piqueteros y de ultra izquierda con esta organización terrorista.
Asimismo solicita al Ministro de Defensa, José Pampuro, a la SIDE y demás organismos de seguridad que informen sobre la presencia y actividades en el país de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los “refugiados”

En varias oportunidades han sido descubiertos individuos de nacionalidad colombiana que ingresaron de forma ilegal a la República Argentina, a través de pasos fronterizos con Bolivia.
Al ser interrogados sobre su presencia en el país, han solicitado la calidad de “refugiados políticos”, para no ser expulsados.

Entre los incidentes dignos de destacar se encuentra el protagonizado por dos ciudadanos colombianos, que ingresaron a territorio argentino a través del puente fronterizo entre La Quiaca (Jujuy) y el departamento de Villazón (Bolivia), el 14 de agosto de 2004. Al ser inquiridos sobre el propósito de su llegada al país, indicaron que exigían la condición de “refugiados”.

Otro de los incidentes llamativos fue llevado a cabo por siete personas de la misma ciudadanía que los anteriores, el 30 de octubre de 2004. En esa oportunidad, los ciudadanos colombianos se presentaron en el paso internacional de La Quiaca, Jujuy, solicitando el status de “refugiados”. Aunque tras consultar con la embajada de Colombia en Buenos Aires, que declaró que estas personas pertenecían a las FARC-EP, el CEPARE les otorgó dicha categoría y los colombianos se instalaron en Capital Federal.

Anteriormente, el 24 de setiembre de 2004, el Escuadrón “Aguaray” de Gendarmería Nacional detuvo en una senda del monte lindero a la RN 34, a dos individuos de nacionalidad colombiana que habían ingresado clandestinamente al país. Cuando las autoridades los trasladaron al puente internacional que une las localidades de Salvador Mazza (Salta, Argentina) y San José de Pocitos (Bolivia), estas personas solicitaron el recurso del “asilo político”, amparándose en la Convención de la ONU de 1951 y en el Protocolo de 1967, que versa sobre el estatuto de “refugiado”.

Conclusiones

Los interrogantes sobre la real influencia de las FARC-EP en las estructuras izquierdistas o piqueteras son varios. Si tenemos en cuenta que en los últimos años se han sucedido varios atentados explosivos, que según los expertos policiales han sido producidos por “profesionales”, el grado de performance que exhibieron las formaciones piqueteras durante su máximo apogeo (2001/2002), llegando incluso a confrontar directamente contra las fuerzas de seguridad, o la profusión de material propagandístico y doctrinario de las FARC-EP que se pueden observar en Buenos Aires, arribamos a reflexiones sombrías. Aunque es cierto que no se han descubierto acciones directas de miembros de las FARC-EP en Argentina, si se han detectado “asesores” colombianos en muchas movilizaciones gremiales o campesinas, particularmente en el norte del país.

Los organismos de inteligencia creen que, aparte de una penetración ideológica-estratégica, la presencia real de elementos de la guerrilla colombiana en el país estaría fundamentada en una necesidad operativa de blanqueo de divisas, producto del narcotráfico.
Las organizaciones de la izquierda insurreccional de Argentina, emparentadas ideológicamente con las FARC-EP, utilizarían los pródigos dividendos del movimiento guerrillero colombiano para sus propios fines en el ámbito local.

Los últimos asesinatos de ciudadanos colombianos conectados con el narcotráfico (sucedidos en la zona norte de Buenos Aires), no hacen más que elevar el nivel de alarma, ya que, según fuentes de inteligencia argentinas y colombianas, seían por ajustes de cuentas no sólo de varones de la droga, sino entre miembros de las FARC y ex miembros de los grupos paramilitares colombianos.